Ser población en riesgo y ser discriminados. El reto de ser adulto mayor durante el coronavirus.
En muchas partes del mundo el maltrato de los ancianos pasa casi inadvertido. Hasta hace poco, este grave problema social se ocultaba a la vista del público y se consideraba como un asunto esencialmente privado. Incluso hoy en día, el maltrato de los ancianos sigue siendo un tema tabú, por lo común subestimado y desatendido por sociedades de todo el mundo. Sin embargo, cada día hay más indicios de que el maltrato de los ancianos es un importante problema de salud pública y de la sociedad.
Aunque todas las personas de cualquier edad corren el riesgo de contraer COVID-19, las personas mayores tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad y enfermedad grave después de la infección, y los mayores de 80 años mueren a un ritmo cinco veces mayor que el promedio. Se estima que el 66% de las personas de 70 años o más tienen al menos una afección subyacente, lo que los coloca en un mayor riesgo de impacto severo por el COVID-19.
Las personas mayores también pueden sufrir discriminación por edad en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas. Las desigualdades globales significan que, ya antes del COVID-19, hasta la mitad de las personas mayores en algunos países en desarrollo no tenían acceso a los servicios de salud esenciales. La pandemia también puede conducir a una reducción de los servicios críticos no relacionados con el COVID-19, lo que aumenta aún más los riesgos para la vida de las personas mayores.
Algunas personas mayores se enfrentan a vulnerabilidades adicionales en este momento. El virus no solo amenaza la vida y la seguridad de las personas mayores, sino que también amenazando sus redes sociales, su acceso a los servicios de salud, sus trabajos y sus pensiones.
“Son alarmantes los reportes de personas mayores abandonadas en asilos, o de cadáveres sin reclamo en las mismas instituciones. Se trata de algo inaceptable”, enfatizó Rosa Kornfeld-Matte, experta en el goce de los derechos humanos por las personas de la tercera edad.
Agregó que la exclusión se ha exacerbado por las medidas de distanciamiento social que, entre otras disposiciones, no permiten visitas en los hospicios. “La distancia social no debe convertirse en exclusión social”, puntualizó.
Kornfeld-Matte afirmó que los ancianos enfrentan de por sí un tipo de discriminación debida a su edad y que, por lo mismo, requieren derechos específicos de protección, por lo que urgió a adoptar un enfoque holístico que contemple las garantías fundamentales de ese colectivo y que garantice que ejerzan esos derechos, particularmente el de acceso a servicios de salud.
La experta expresó alarma por la forma en que se asignan los recursos médicos y citó el caso de los ventiladores de las unidades de terapia intensiva, que toman en cuenta sólo la edad y niegan a las personas mayores su derecho a la salud y a la vida.
“Los protocolos de prueba deben basarse en las necesidades de salud y el conocimiento científico, y deben descalificar los criterios que no sean médicos, como la edad o la discapacidad”, recalcó.
Señaló que si bien las personas mayores se han hecho visibles por su vulnerabilidad frente al COVID-19, no se han escuchado sus preocupaciones u opiniones. Al contrario, se ha evidenciado el desprecio de las sociedades por la vejez. “Esto lo hemos visto en el lenguaje cruel y deshumanizado que circula en las redes sociales, que hace énfasis en la vulnerabilidad e ignora la autonomía de los ancianos.”
Kornfeld-Matte llamó a las autoridades a garantizar que el apoyo esencial no coloque en riesgo a las personas mayores ni a quienes las cuidan. “Las comunidades y todas las generaciones deben unirse para sortear esta crisis con solidaridad”, concluyó.
Desde los puntos de vista sanitario y social, si los sectores de atención primaria de salud y servicios sociales no están bien dotados para detectar y resolver el problema, el maltrato de los ancianos seguirá estando semioculto.
