México sexto lugar más peligroso para los ambientalistas | la mayoría son indígenas

El pasado mes de agosto se denunció que la mayoría de los activistas ambientales asesinados en México son indígenas. «Estas agresiones (a indígenas) son casi el 80 % de los casos. En el caso de Oaxaca, Puebla y Michoacán el 100 % de los agredidos son indígenas» mencionó el director de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF), Gustavo Sánchez.

El 50 % del país es propiedad de pueblos indígenas, la mayor parte de los cuerpos de agua, bancos de materiales, minas y biodiversidad son su patrimonio.

En el reporte de 2018, la Global Witness clasificó a México como el cuarto país más peligroso para los ambientalistas indígenas con 14 personas asesinadas, pero en el reporte de 2019 se encuentra en el sexto lugar con el mismo número de ambientalistas asesinados.

Cabe mencionar que de las 14 muertes que se presentaron en el 2018, 11 se trataban de ambientalistas indígenas, mencionó Antonio Medina, representante de la Red Indígena de Turismo de México (RITA).

«Los proyectos de desarrollo son implementados en nuestras comunidades sin nuestro consentimiento», aportó.

También añadió que la administración sí realiza consultas con las comunidades indígenas pero que están prácticamente obligadas porque primero se dan concesiones a las empresas, además no de no incluírseles en los proyectos.

«Las consultas deben de ser libres, previas e informadas. Nosotros, los pueblos indígenas, debemos estar participando en la planeación, en el diseño, en el monitoreo y evaluación de estos proyectos» continuó.

Aunado a lo anterior, Medina dice que las consultas no son dentro de las zonas comunitarias, por lo que es muy difícil que la gente no pueda llegar al centro de las entidades y de esa manera poder participar.

«Los que estamos en la sierra, los que estamos en el desierto o en la selva no podemos llegar a las capitales de las ciudades para poder estar en estas consultas. Además, no se hacen a través de nuestras instituciones», dijo.

Mientras tanto, las organizaciones aseguran que si el gobierno federal mexicano estuviese constantemente vigilando el territorio se podría saber en qué lugar puede llevarse a cabo un conflicto ambiental.

Alejandra Leyva, representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), mencionó que para detener la situación se debe apresurar en el Senado la ratificación de Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, así como el Acuerdo de Escazú y la Participación Pública.